DENUNCIA SOBRE IRREGULAR PROCEDIMIENTO EN TORNO A TERRENO ES INVESTIGADO POR FISCALÍA
27 de Mayo del 2010
LA LIBERTAD | La apropiación irregular de terrenos que son de propiedad del Estado a favor de terceros se ha convertido en moneda corriente hoy en el país. Y, como era de esperarse, la región La Libertad no está exenta de este tipo de casos que han escandalizado al país entero.
Correo ha tenido acceso a una serie de documentos que dan cuenta de un presunto acto de corrupción en torno a la apropiación ilegal de un extenso terreno de más de 456 hectáreas en la sierra liberteña, y que involucra a funcionarios del ex PETT (Proyecto Especial Titulación de tierras y catastro rural), hoy Cofopri, y de los Registros Públicos. Documentación que hoy forma parte de un grueso expediente que se viene investigando en la Fiscalía.
PARTIDA. Esta historia comenzó cuando en noviembre del año 2006, un hombre llamado Dino Melanio Aredo Chávez dio inicio al trámite de visación de planos y memoria des-criptiva del predio Cerro Redondo, de 456 hectáreas de extensión, ubicado en el distrito de Calamarca, en la provincia de Julcán. Así, después de un procedimiento aparentemente regular, Aredo Chávez adquirió el derecho de posesión y, después, con fecha 17 de junio del año 2008, adquirió también el derecho de propiedad sobre dicho predio, con código de Unidad Catastral Nº 077785.
Esto, se logró en mérito a que el posesionario presentó formularios registrales y pruebas de posesión, presentados de manera particular ante la oficina zonal de ex PETT, hoy Cofopri, tal como se ha verificado en las indagaciones hechas por esta sede.
ANOMALÍAS AL DESCUBIERTO. Pero todas estas tramitaciones habían tenido vicios, como se pudo comprobar más adelante. Es así que, alertado sobre algunos indicios que echaban sombras sobre esta adquisición de propiedad, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), a través de su área legal, le envió el 9 de junio del año 2008 un oficio a Cofopri, en el que le da cuenta que Dino Melanio Aredo Chávez había realizado "un procedimiento irregular para la inscripción de primera de dominio (sic) y el derecho de posesión del predio (Cerro Redondo) de propiedad del Estado".
Esto llevó a que se le requiriera a la entonces jefa zonal de Cofopri en La Libertad (el PETT ya se había fusionado a Cofopri), Mónica Sánchez Minchola, un informe sobre el caso. Así, tras ordenar una investigación preliminar, Sánchez Minchola emite un informe el 9 de julio de 2008, donde dejó en claro que la oficina zonal del ex PETT "no efectuó el saneamiento legal ni la titulación del predio", así como tampoco "tramitó el otorgamiento del certificado catastral". Indicó, asimismo, que la oficina zonal de La Libertad "sólo conoció del procedimiento de visación de planos y memorias des-criptivas".
Sin embargo, tal como lo llegaron a determinar las investigaciones, los formularios registrales fueron firmados por dos trabajadores de Cofopri: la abogada Milagros Jaramillo Quevedo y el ingeniero Carlos Colchado Carlín, quienes habrían actuado requeridos de manera particular por Dino Melanio Aredo Chávez.
TEMA MINERO. Aún más, en la tramitación del expediente, la Procuraduría de la SBN advirtió serias irregularidades en la procedencia de la solicitud de la visación de planos y memorias des-criptivas realizadas por el ex PETT, pues en el Acta de Inspección Ocular, a cargo del ingeniero Oswaldo Mantilla Huaripata, se señaló que existía en los terrenos explotación económica con presencia de cabezas de ganado y rastrojos de cultivos, lo cual fue desvirtuado por la investigación hecha por Cofopri, y consignada en fotografías y vídeos.
Correo ha podido conocer que dichos informes dan cuenta, más bien, de que se encontraron algunos indicios de exploración minera en el predio.
DOLOSA VOLUNTAD. El informe Nº 0293-2008 de Cofopri, enviado a la SBN, determina también que la inscripción del derecho de posesión del predio y la posterior inscripción del derecho de propiedad resultarían ser nulos, al no cumplirse las formalidades prescritas en el Reglamento de Predios aprobado por resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos.
Estas inscripciones se realizaron en virtud a un informe técnico del 13 de agosto de 2007, emitido por el jefe de Catastro de la sede regional de los Registros Públicos, Jorge Luis Siccha Siccha. Dicho documento precisa que "luego de haber realizado la calificación técnica del título (...) se llegó a determinar que el expediente se encontraba técnicamente correcto".
No obstante, las investigaciones de Cofopri determinaron que el mencionado informe fue "emitido con intención y resultaría ser un documento nulo y un instrumento que probaría la voluntad dolosa de los funcionarios que intervinieron en la inscripción del predio de propiedad del Estado".
¿Qué pudo empujar a todos estos funcionarios a favorecer presuntamente a Dino Melanio Aredo Chávez? Eso es lo que se espera conocer con el proceso de investigación que se desarrolla hoy en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Libertad. Por ahora, se ha conocido extraoficialmente que detrás del beneficiario de estas irregularidades estaría un clan familiar denunciado por lavado de activos. Eso aún está por confirmarse.
La ex titular zonal de Cofopri, Mónica Sánchez Minchola, fue quien emitió sendos informes sobre el caso a Lima, cuando se detectaron las primeras anomalías. Sánchez Minchola precisa, en diálogo con Correo, que primero ordenó la realización de una investigación preliminar, pero al encontrar evidencias autorizó la ampliación de estas indagaciones. "Nosotros enviamos este informe a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, y recomendamos allí el inicio de acciones legales contra los que resulten responsables", dice. La ex jefa zonal de Cofopri, sin embargo, niega que esto haya sido un "regalo de Cofopri" similar a los casos que se han conocido a nivel nacional. "Aquí hubo alguien que de manera particular ha hecho la inscripción de su posesión y propiedad, Cofopri no le ha entregado nada", remarca. Agrega que ella cumplió con enviar la información correspondiente y que ahora está en manos de la Fiscalía.
Fuente: Diario Correo.Correo ha tenido acceso a una serie de documentos que dan cuenta de un presunto acto de corrupción en torno a la apropiación ilegal de un extenso terreno de más de 456 hectáreas en la sierra liberteña, y que involucra a funcionarios del ex PETT (Proyecto Especial Titulación de tierras y catastro rural), hoy Cofopri, y de los Registros Públicos. Documentación que hoy forma parte de un grueso expediente que se viene investigando en la Fiscalía.
PARTIDA. Esta historia comenzó cuando en noviembre del año 2006, un hombre llamado Dino Melanio Aredo Chávez dio inicio al trámite de visación de planos y memoria des-criptiva del predio Cerro Redondo, de 456 hectáreas de extensión, ubicado en el distrito de Calamarca, en la provincia de Julcán. Así, después de un procedimiento aparentemente regular, Aredo Chávez adquirió el derecho de posesión y, después, con fecha 17 de junio del año 2008, adquirió también el derecho de propiedad sobre dicho predio, con código de Unidad Catastral Nº 077785.
Esto, se logró en mérito a que el posesionario presentó formularios registrales y pruebas de posesión, presentados de manera particular ante la oficina zonal de ex PETT, hoy Cofopri, tal como se ha verificado en las indagaciones hechas por esta sede.
ANOMALÍAS AL DESCUBIERTO. Pero todas estas tramitaciones habían tenido vicios, como se pudo comprobar más adelante. Es así que, alertado sobre algunos indicios que echaban sombras sobre esta adquisición de propiedad, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), a través de su área legal, le envió el 9 de junio del año 2008 un oficio a Cofopri, en el que le da cuenta que Dino Melanio Aredo Chávez había realizado "un procedimiento irregular para la inscripción de primera de dominio (sic) y el derecho de posesión del predio (Cerro Redondo) de propiedad del Estado".
Esto llevó a que se le requiriera a la entonces jefa zonal de Cofopri en La Libertad (el PETT ya se había fusionado a Cofopri), Mónica Sánchez Minchola, un informe sobre el caso. Así, tras ordenar una investigación preliminar, Sánchez Minchola emite un informe el 9 de julio de 2008, donde dejó en claro que la oficina zonal del ex PETT "no efectuó el saneamiento legal ni la titulación del predio", así como tampoco "tramitó el otorgamiento del certificado catastral". Indicó, asimismo, que la oficina zonal de La Libertad "sólo conoció del procedimiento de visación de planos y memorias des-criptivas".
Sin embargo, tal como lo llegaron a determinar las investigaciones, los formularios registrales fueron firmados por dos trabajadores de Cofopri: la abogada Milagros Jaramillo Quevedo y el ingeniero Carlos Colchado Carlín, quienes habrían actuado requeridos de manera particular por Dino Melanio Aredo Chávez.
TEMA MINERO. Aún más, en la tramitación del expediente, la Procuraduría de la SBN advirtió serias irregularidades en la procedencia de la solicitud de la visación de planos y memorias des-criptivas realizadas por el ex PETT, pues en el Acta de Inspección Ocular, a cargo del ingeniero Oswaldo Mantilla Huaripata, se señaló que existía en los terrenos explotación económica con presencia de cabezas de ganado y rastrojos de cultivos, lo cual fue desvirtuado por la investigación hecha por Cofopri, y consignada en fotografías y vídeos.
Correo ha podido conocer que dichos informes dan cuenta, más bien, de que se encontraron algunos indicios de exploración minera en el predio.
DOLOSA VOLUNTAD. El informe Nº 0293-2008 de Cofopri, enviado a la SBN, determina también que la inscripción del derecho de posesión del predio y la posterior inscripción del derecho de propiedad resultarían ser nulos, al no cumplirse las formalidades prescritas en el Reglamento de Predios aprobado por resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos.
Estas inscripciones se realizaron en virtud a un informe técnico del 13 de agosto de 2007, emitido por el jefe de Catastro de la sede regional de los Registros Públicos, Jorge Luis Siccha Siccha. Dicho documento precisa que "luego de haber realizado la calificación técnica del título (...) se llegó a determinar que el expediente se encontraba técnicamente correcto".
No obstante, las investigaciones de Cofopri determinaron que el mencionado informe fue "emitido con intención y resultaría ser un documento nulo y un instrumento que probaría la voluntad dolosa de los funcionarios que intervinieron en la inscripción del predio de propiedad del Estado".
¿Qué pudo empujar a todos estos funcionarios a favorecer presuntamente a Dino Melanio Aredo Chávez? Eso es lo que se espera conocer con el proceso de investigación que se desarrolla hoy en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Libertad. Por ahora, se ha conocido extraoficialmente que detrás del beneficiario de estas irregularidades estaría un clan familiar denunciado por lavado de activos. Eso aún está por confirmarse.
La ex titular zonal de Cofopri, Mónica Sánchez Minchola, fue quien emitió sendos informes sobre el caso a Lima, cuando se detectaron las primeras anomalías. Sánchez Minchola precisa, en diálogo con Correo, que primero ordenó la realización de una investigación preliminar, pero al encontrar evidencias autorizó la ampliación de estas indagaciones. "Nosotros enviamos este informe a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, y recomendamos allí el inicio de acciones legales contra los que resulten responsables", dice. La ex jefa zonal de Cofopri, sin embargo, niega que esto haya sido un "regalo de Cofopri" similar a los casos que se han conocido a nivel nacional. "Aquí hubo alguien que de manera particular ha hecho la inscripción de su posesión y propiedad, Cofopri no le ha entregado nada", remarca. Agrega que ella cumplió con enviar la información correspondiente y que ahora está en manos de la Fiscalía.
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